La Burbuja Hídrica

La burbuja hídrica - Enrique Cabrera MarcetCorren tiempos turbulentos. El paro no para de crecer. El recibo de la luz se dispara y a diario nos sobresalta la reforma de turno. Y lo que es peor, nadie sabe si hemos tocado fondo o aún podemos empeorar. La razón del desaguisado es conocida. Hemos gastado más de la cuenta, las deudas se han disparado y toca apretarse el cinturón. En un mundo globalizado la crisis es general. Aunque con matices. En España, y más en nuestra Comunidad, la propició una burbuja inmobiliaria que al explotar salpicó a tirios y troyanos. Al sector, a la industria subsidiaria (mayormente ladrillo y azulejo), a la banca (concedió hipotecas basura) y a ayuntamientos con ingresos demasiado dependientes de licencias de obra. Una caída en picado que todos, dicen ahora, veían venir. Pero nada se hizo por convertirla en suave aterrizaje cuando aún se estaba a tiempo. Presididos por la tiranía del corto plazo, nadie piensa en lo que conviene al futuro. Y si admitimos con Churchill que un político deviene estadista cuando piensa en las generaciones venideras y no en las próximas elecciones, en España, sin hombres de estado, nuevas burbujas seguirán explotando. Un término, burbuja, ligado a actividades y políticas insostenibles, como la actual gestión del agua. Una burbuja que explotará si no se introducen los cambios estructurales que la adecuen al futuro. Dos hechos pueden actuar de espoleta, el fin de los fondos de cohesión y una próxima sequía. Con menor impacto económico al de la burbuja inmobiliaria su repercusión social será superior. Tocará beber agua hervida (o embotellada, rentable para el vendedor pero ruinosa para el ciudadano y el medio natural), más ciudades se inundarán y aumentará la contaminación en ríos y playas. ¿Quién da más? Una burbuja que pocos ven porque el debate del agua no está en los problemas reales. Demagógico, provinciano y centrado en lo inmediato, los políticos lo han diseñado para ganar votos. Las tres últimas legislaturas lo evidencian. La primera promovió el trasvase del Ebro, la segunda (con cambio de cromos, -desaladoras por trasvase-, incluido) lo derogó y, vistas las tensiones territoriales que ambas generaron, una modorra consentida por las últimas lluvias preside la actual. Pero con los problemas sobre la mesa, cuando una nueva sequía despierte la sensación de escasez, el debate inútil se activará. Que si trasvase, que si desaladora, que si el río es mío. ¡Pocas veces tan poco dio para tanto! Y mientras tal sucede, servicios vitales para el ciudadano están en quiebra porque las tarifas apenas cubren los costes de operación y mantenimiento. Por ello la deuda de la Agencia Catalana del Agua, 2.000 millones de euros, crece sin parar. Un mal general, aunque al respecto otras autonomías no digan ni pío. E inoportuno porque con la crisis actual un alcalde no subirá las tarifas, y más en año electoral. Lo diga la Directiva Marco del Agua, DMA, (desde el 2010 ¿exige? recuperar todos los costes) o el sursum corda. Pero no hay alternativa. Hasta ahora el sistema ha sobrevivido porque las inversiones necesarias (depuradoras, desaladoras,etc.) las ha pagado Bruselas y, en menor medida, el Estado y las autonomías. Pero el dinero de Europa se acaba (2013) mientras las administraciones, endeudadas hasta las cejas, bastante harán con reducir sus déficits. En un futuro renovar las infraestructuras será, pues, imposible. Mayormente porque parte del escaso dinero del agua se dedica a otros menesteres. Agotado el filón del ladrillo, los ayuntamientos se agarran a un clavo ardiendo, y el dinero del agua, menos abundante pero más fiable, es tentador. Se adjudican los concursos de privatización a quien más dinero, el canon, pone sobre la mesa. Dinero destinado a mejorar el servicio pero que en la práctica tapará los agujeros que generaron las alegrías de antaño. Un canon a devolver vía tarifaria que acabará asfixiando estos servicios. Cuando la gestión es pública, la caja única facilita que el dinero del agua vaya donde no debe. Recuperar todos los costes supone, en media, cuadriplicar la tarifa. Es, corregido y aumentado, el mismo problema que empuja al alza el recibo de la luz. Pero las distribuidoras de este servicio son privadas y no se andan con rositas. Sin embargo la responsabilidad de distribuir el agua es pública, y los subsidios, más la degradación de estas infraestructuras, permiten a los ayuntamientos encubrir su coste real. Una situación insostenible por lo que pronto habrá que pagar lo que cuesta por el agua. Y no vale decir que es un bien básico, porque con sistemas tarifarios adecuados se protege a los débiles. Además la mejora de la calidad del servicio permitiría ahorrar el dinero de un agua embotellada por la que, en media, pagamos tanto como por el agua que sale del grifo de casa. En resumen, pues, otra decisión incómoda y necesaria porque este recurso básico no puede depender de subsidios que llevan a la quiebra, razón por la que la DMA lo exige. Aunque tímidamente, porque estando desacopladas las políticas del agua de los países de la UE, de facto no vigila su cumplimiento. Bruselas sólo echa el resto en asuntos, como el déficit público de los estados miembros, que amenazan al euro que compartimos. Con todo hablamos de un problema más cultural que real. Porque por un servicio vital el ciudadano paga, en media, 75 euros anuales, cifra miserable (0.4% de la renta per cápita) para tanto cuanto hay en juego. Pero conviene subrayar que el aumento tarifario sólo tiene sentido si todo el dinero del agua se destina a mejorar el servicio. Y para garantizarlo es menester crear una agencia reguladora, que controle su salud, supervise los concursos de privatización y vigile a los operadores privados. Además, la actualización del precio del agua y la consiguiente mejora de la eficiencia, acabaría con las guerras autonómicas porque sobraría agua. Y aún más si se imponen objetivos a los usos que conviene seguir subsidiando (agricultura y núcleos rurales). El agua es un bien público y escaso que no puede despilfarrarse.

Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y el mundo del agua no es la excepción. Anclado en el pasado debe adecuarse al futuro. Pero mejorar la eficiencia exige renovar unas infraestructuras cuyo actual valor ronda los 150.000 millones de euros. Una compleja tarea que no se improvisa. Como las actuales tarifas no lo permiten y pronto se cortará la respiración asistida que les ha permitido sobrevivir, el dinero de Bruselas, si no se actúa la crisis está servida. De momento la política del agua no está en el catálogo de reformas en marcha o pendientes (déficit público, pensiones, sanidad, banca, estado de las autonomías). Todas comportan decisiones dolorosas, lo que me recuerda una anécdota que mi padre, excelente conversador, contaba. La protagonizaba una hipocondríaca compañera de trabajo que siempre valoraba el dolor ajeno (no importaba procediese de la cabeza o de las muelas) sentenciando: “no será como el mío”. Pues bien, como nadie está por incluir el agua en el listado de reformas necesarias (sus ancestrales raíces asustan y, además, el horno no está para más bollos), cuando esta burbuja explote generará dolores de cabeza tales que vendrá de molde la coletilla de aquella señora hipocondríaca. Al tiempo.

Enrique Cabrera Marcet
Publicado en “Levante” el 5 de febrero de 2011

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